Julio César Ceballos Trujeque, médico especialista en gastroenterología, habría desviado recursos públicos del ISSSTE para beneficio de su propia clínica privada, el “Consultorio Aguilar”, ubicado en el centro de Cuautla, Morelos.
El galeno utilizó insumos destinados originalmente a los servicios de endoscopia en el ISSSTE y los trasladó a su consultorio particular, constituyendo con ello no solo un desfalco a la institución, sino también una cadena de delitos tipificados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General del ISSSTE y el Código Penal del Estado de Morelos.
De acuerdo con documentos internos a los que tuvo acceso este medio, la investigación en oficinas centrales del Instituto señala que los insumos adquiridos por contrato estaban programados para rendir durante un año. No obstante, se agotaron en menos de cinco meses, lo que levantó sospechas sobre su destino real. El rastro llevó directamente a la clínica privada del doctor Ceballos, en donde los pacientes recibían los mismos procedimientos que deberían realizarse dentro del sistema público.
La trama se agrava porque la empresa encargada de proveer dichos materiales tenía como enlace directo al propio médico, quien aprovechó su posición como encargado de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Morelos para triangular recursos y desviar equipos sin control administrativo. Este hecho no solo compromete la transparencia en la contratación pública, sino que coloca bajo la lupa los vínculos de complicidad que habrían permitido la operación.
Fuentes consultadas señalan que durante su paso por el ISSSTE, Ceballos Trujeque habría tejido una red de control que le permitió manipular la distribución de insumos. En la práctica, se garantizaba abasto suficiente para su consultorio privado mientras en las instalaciones oficiales comenzaban a reportarse faltantes y retrasos en la atención de pacientes.
El caso es particularmente grave porque afecta a una de las áreas más sensibles de la atención médica: los estudios de endoscopia. Estos procedimientos son vitales para la detección temprana de padecimientos gastrointestinales graves, incluyendo cáncer. El desvío de insumos pone en riesgo directo a los derechohabientes, quienes debieron enfrentar tiempos de espera más largos o incluso la suspensión de sus estudios por falta de material.
Las investigaciones en curso determinarán el alcance real de la operación, pero testimonios de pacientes ya perfilan un escenario preocupante: mientras en el ISSSTE se limitaban los servicios por falta de insumos, en la clínica privada de Ceballos la atención se ofrecía con aparente normalidad, utilizando los mismos recursos que debían estar en la institución pública.
De confirmarse estas irregularidades, el caso de Julio César Ceballos Trujeque no solo representaría un nuevo episodio de corrupción dentro del sector salud, sino también un recordatorio de cómo el abuso de cargo público puede traducirse en lucro privado a costa de la salud de miles de derechohabientes.
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