Durante más de dos décadas, Google, Meta, Amazon y Apple operaron con una regulación antimonopolio que apenas las rozaba. Ese periodo terminó formalmente en agosto de 2024, cuando un tribunal federal estadounidense dictaminó que Google violaba las leyes de competencia al mantener, mediante acuerdos multimillonarios, su posición dominante como buscador predeterminado en teléfonos y navegadores de todo el mundo —un monopolio que controla cerca del 90% del mercado global de búsquedas—. Desde entonces, la legislación antimonopolio contra las grandes tecnológicas dejó de ser una amenaza teórica para convertirse en una sucesión de procesos judiciales activos en ambos lados del Atlántico.
En Estados Unidos, el expediente se multiplicó: la Comisión Federal de Comercio demandó a Meta por su adquisición de Instagram y WhatsApp entre 2012 y 2014, alegando que buscaba eliminar competidores antes de que se convirtieran en una amenaza real; el Departamento de Justicia presentó en 2024 una demanda contra Apple por restringir deliberadamente la interoperabilidad de sus productos con los de la competencia; y Amazon enfrenta juicio en 2026 tanto por presionar a comerciantes a depender de su plataforma como, en una demanda más reciente presentada en agosto de ese año junto a 22 estados, por manipular subastas publicitarias para inflar artificialmente lo que pagan los anunciantes. En septiembre de 2026, un tribunal resolvió el caso más antiguo contra Google —el de su dominio en publicidad digital— con una decisión que ilustra el patrón general de estos procesos: el juez rechazó forzar la venta de su plataforma de intercambio publicitario, imponiendo en cambio restricciones más limitadas sobre el acceso de competidores a sus subastas.
La Unión Europea avanzó por una vía distinta y, en varios sentidos, más agresiva: su Ley de Mercados Digitales (DMA) ya generó sanciones económicas directas —500 millones de euros a Apple y 200 millones a Meta en 2025— por prácticas que los reguladores europeos consideraron anticompetitivas, desde impedir que desarrolladores de aplicaciones se comuniquen libremente con sus usuarios hasta condicionar el uso gratuito de la plataforma a la cesión de datos personales. En marzo de 2026, la Comisión Europea anunció una revisión que abarca toda la cadena de la inteligencia artificial —incluyendo investigaciones activas contra Nvidia por su posición dominante en chips y contra Meta por bloquear asistentes de IA de terceros dentro de WhatsApp—, además de evaluar si Amazon Web Services y Microsoft Azure deben clasificarse formalmente como "guardianes de acceso" bajo la misma ley. La administración Trump ha respondido calificando estas medidas europeas de discriminatorias contra empresas estadounidenses, en una tensión que combina genuina preocupación regulatoria con fricción geopolítica y comercial.
El patrón que emerge de estos procesos, documentado por analistas de competencia que llevan años siguiendo el caso más antiguo —el de Google—, es revelador: seis años después de que Estados Unidos iniciara su primera gran demanda antimonopolio contra la empresa, un tribunal ya determinó que existió monopolización ilegal, pero Google conserva intactos Chrome, su buscador y los elementos centrales de su sistema publicitario. Los gigantes tecnológicos, que en conjunto gastan decenas de millones de dólares anuales en cabildeo legislativo, han demostrado hasta ahora una capacidad considerable para absorber sanciones económicas y ajustes regulatorios puntuales sin que ninguno de los grandes procesos judiciales, en ningún país, haya derivado todavía en la fragmentación estructural de una sola de estas compañías.
Fuentes: Yahoo Noticias / Euronews Next, El Español (x2), Global Competition Review, UA.News.
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