En una acción que refleja un cambio decisivo en la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas, el Gobierno de México ha iniciado investigaciones formales contra líderes de cultos religiosos que operan bajo esquemas de influencia cerrada y potencialmente dañina para sus miembros. Las autoridades federales han colocado en el centro de esta revisión a los grupos conocidos como La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová, debido a su historial de denuncias que van desde abuso sexual hasta manipulación psicológica, lavado de dinero y coacción doctrinal.
La figura más emblemática de esta ofensiva es la del líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue sentenciado en 2022 en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores. A esta condena se sumaron nuevos cargos federales presentados en octubre de 2023 por producción de pornografía infantil, lo que dejó en evidencia un entramado sistemático de encubrimiento dentro de la organización. En México, estas revelaciones han llevado a reabrir investigaciones sobre posibles redes de protección institucional, participación de colaboradores e incluso inacción por parte de autoridades locales.
Los Testigos de Jehová, aunque sin condenas formales en el país, también se encuentran bajo lupa. Diversos informes ciudadanos han sido recibidos por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República en los últimos meses, detallando patrones de encubrimiento de agresores sexuales, así como presiones internas a víctimas para no denunciar. El hermetismo doctrinal del grupo ha sido catalogado por expertos en derechos humanos como un factor de riesgo para la integridad de menores y adultos vulnerables, ya que propicia ambientes de sumisión absoluta.
Una encuesta elaborada a nivel nacional por un centro independiente de análisis social en 2024 reveló que más del 60% de los mexicanos considera urgente la intervención estatal en grupos religiosos que acumulan poder económico y psicológico sobre sus seguidores. Este dato refleja un malestar creciente ante la impunidad que históricamente ha cobijado a líderes religiosos que operan al margen del escrutinio legal.
El mensaje del gobierno es firme: ninguna religión está por encima de la ley. Se prevé que estas investigaciones deriven en sanciones ejemplares, modificaciones legales y una nueva relación entre el Estado mexicano y las asociaciones religiosas. De ser así, este proceso podría marcar un hito en la defensa de los derechos humanos frente a estructuras autoritarias disfrazadas de fe.
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