Las empresas públicas nacen, en teoría, para resolver fallas de mercado, asegurar servicios esenciales y sostener inversión de largo plazo donde el privado no entra. El problema aparece cuando su lógica se invierte: la empresa deja de operar como instrumento de política pública y empieza a operar como instrumento político. No se captura solo con corrupción explícita, sino con un conjunto más silencioso de palancas: nombramientos, metas difusas, opacidad contable y subsidios cruzados que permiten esconder pérdidas, comprar paz social o financiar prioridades fuera del escrutinio presupuestario.
Shleifer y Vishny plantearon una hipótesis incómoda sobre el control político de la empresa: cuando los políticos pueden dirigir decisiones empresariales, tienden a priorizar objetivos de corto plazo —empleo clientelar, tarifas artificialmente bajas, contratos estratégicos, expansión territorial— aun si eso deteriora eficiencia y sostenibilidad. El punto no es moralizar: es entender incentivos. La empresa pública concentra presupuesto, empleos, compras y capacidad de fijar precios; por eso es un botín institucional de alto rendimiento.
Nombramientos y gobernanza: el poder está en la puerta de entrada
La captura se instala primero en la gobernanza. Si los directivos se nombran por lealtad y no por capacidades, la empresa empieza a operar con una racionalidad distinta: no maximiza servicio o solvencia, maximiza control y discreción. Tres señales típicas:
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Criterios de nombramiento opacos: sin perfiles técnicos, sin concursos, sin comparecencias, sin evaluación ex post.
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Consejos de administración decorativos: con integrantes sin independencia real o con conflictos de interés.
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Reglas de desempeño débiles: metas ambiguas que permiten justificar cualquier resultado (“cumplimos misión social”) sin medir calidad, costos unitarios, cobertura efectiva o continuidad del servicio.
La consecuencia es predecible: el desempeño deja de ser verificable y la empresa se convierte en una plataforma de reparto (puestos, contratos, permisos, accesos).
Subsidios cruzados: cuando la pérdida se oculta como política social
Las empresas públicas suelen mezclar objetivos legítimos (acceso universal, tarifas sociales) con contabilidad que hace imposible distinguir subsidio deliberado de ineficiencia. Ahí entra el mecanismo del subsidio cruzado: un segmento rentable (usuarios industriales, zonas urbanas, servicios premium) financia otro deficitario (zonas rurales, tarifas congeladas, clientes de alto riesgo). No es necesariamente malo. Lo problemático es cuando el subsidio cruzado se usa para esconder:
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Pérdidas operativas por mala gestión, sobrecostos o compras capturadas.
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Decisiones políticas de tarifa sin compensación presupuestaria explícita.
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Beneficios selectivos (descuentos, condonaciones, trato preferencial) que funcionan como patronazgo.
Cuando el subsidio no se transparenta, la discusión pública se falsifica: parece que el servicio “es barato por eficiencia” cuando en realidad es barato por deuda, por deterioro de mantenimiento o por transferencia implícita de otros usuarios. La empresa se vuelve una caja negra distributiva.
Deuda y pasivos: la socialización de pérdidas por la puerta trasera
El segundo escondite clásico es el endeudamiento. Una empresa pública puede mantener la ficción de estabilidad posponiendo costos: diferir mantenimiento, subinvertir, refinanciar pasivos, usar contabilidad creativa o apoyarse en garantías implícitas del Estado. El patrón suele verse así: la empresa no “quiebra” porque el mercado sabe que el Estado responde; por tanto, la disciplina financiera se debilita y la deuda se vuelve una forma de gasto político diferido.
La clave analítica es separar tres cosas que a menudo se mezclan:
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Subsidio social explícito (decisión política legítima, presupuestada, con reglas).
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Subsidio implícito por mala gestión (ineficiencia convertida en política).
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Subsidio por captura (recursos desviados a redes y rentas).
Sin esa separación, el debate se vuelve trampa: cualquier crítica a la empresa se etiqueta como “privatización”, y cualquier defensa se etiqueta como “justicia social”, sin entrar al terreno real: gobernanza, incentivos y cuentas.
Cómo se vuelve “intocable” una empresa pública
La empresa pública se blinda cuando acumula tres activos políticos: empleo, tarifa y contrato. Empleo porque organiza lealtades internas y externas; tarifa porque toca directamente el bolsillo y por tanto es altamente sensible; contrato porque moviliza proveedores y redes económicas. En ese ecosistema, reformar implica costos inmediatos y beneficios diferidos: el escenario perfecto para la captura.
Qué debería exigirse para cortar la captura sin destruir la misión
Una agenda seria no empieza por “privatizar” o “defender”, sino por rediseñar control:
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Nombramientos con reglas: perfiles técnicos, procesos públicos, declaraciones de conflicto de interés, periodos y causales de remoción claras.
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Metas auditables: calidad de servicio, continuidad, costos unitarios, inversión, pérdidas técnicas/comerciales, y satisfacción del usuario.
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Transparencia de subsidios: separar en el balance qué es política social y qué es déficit operativo.
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Disciplina de compras: datos abiertos de contrataciones, comparativos de precios, y trazabilidad de proveedores.
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Rendición de cuentas multi-nivel: auditorías externas e internas con dientes, y reportes públicos comprensibles.
La empresa pública puede ser instrumento de desarrollo. Pero sin gobernanza y sin contabilidad transparente, también puede convertirse en el mecanismo más eficiente para una cosa distinta: convertir recursos colectivos en poder discrecional.
Referencias
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Politicians and firms. The Quarterly Journal of Economics, 109(4), 995–1025.
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