Derrocar a un dictador suena, en el instinto, moralmente impecable. Nadie se conmueve por la caída de un tirano. Pero el punto central no es la simpatía por el régimen, sino la arquitectura que evita que el planeta funcione como selva: el derecho internacional no se diseñó para premiar a los buenos, sino para contener a los poderosos.
Esa contención tiene una lógica incómoda: la fuerza se prohíbe casi sin excepciones no porque el sistema ignore la injusticia, sino porque entiende el costo histórico de abrir la puerta. Si cada país decide a quién “liberar” a balazos, la soberanía deja de ser regla y se convierte en decoración. Lo que vuelve no es la justicia: vuelve la ley del más fuerte.
Por eso el problema real rara vez es el nombre propio. Hoy puede ser Maduro; mañana será cualquier otro. El problema es el precedente: cuando la fuerza militar se usa para cambiar gobiernos sin reglas claras, se normaliza la idea de que la frontera y el voto son obstáculos negociables. Y entonces el discurso se recicla con facilidad: “corregir una elección”, “proteger intereses”, “restaurar el orden”.
En ese punto, el derecho se vuelve el villano de moda porque estorba a las certezas. Pero su función no es absolver dictaduras: es impedir cruzadas unilaterales que, por definición, siempre encontrarán una causa “justa” para justificarse. La civilización inventó límites precisamente porque la ambición humana no descansa, y porque el poder siempre cree que su intención es superior.
La pregunta incómoda no es si un tirano merece caer. La pregunta es quién decide cuándo y cómo, y con qué consecuencias. La historia enseña algo brutal: sacar al dictador puede ser rápido; construir justicia después casi nunca lo es. Cuando se rompe la legalidad en nombre del bien, lo que suele seguir no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas.
El riesgo no está en la indignación moral, sino en su traducción militar sin candados. El lenguaje de la salvación suele convertirse en licencia operativa: la guerra se maquilla como cirugía, la ocupación se vende como transición, el daño colateral se escribe como “costo necesario”. Y la opinión pública termina atrapada entre dos trampas: aplaudir la fuerza o defender al tirano.
La salida —si existe— no pasa por romantizar organismos internacionales ni por fingir que la injusticia se corrige sola. Pasa por sostener una idea más difícil: los medios importan tanto como el fin, porque el método crea precedente. La legalidad es lenta, sí, pero es el único freno conocido contra el impulso de imponer orden a golpes.
En el fondo, el derecho existe para recordarnos algo que la política olvida cuando se enciende: el mundo no se destruye solo por dictadores, sino por la facilidad con la que los poderosos aprenden a llamarse “libertadores”. Y cuando ese lenguaje triunfa, el tirano cae… pero el sistema que lo reemplaza puede caer con él.
Fuente: González Compeán, M. (2026, 5 de enero). Lo que debe preocupar de verdad. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/debe-preocupar-verdad-20260105-793842.html
