Durante años se ha repetido una idea tranquilizadora: el feminicidio sería, casi siempre, el último eslabón de una cadena de malos tratos. Esa creencia ordena el mundo con una lógica simple: si se detecta la violencia a tiempo, se evita la muerte. El problema es que la realidad no siempre respeta esa escalera, y cuando no la respeta, el sistema se queda sin radar.
Una de las conclusiones más incómodas de la investigación liderada por Jorge Santos-Hermoso es justamente esa: no existe un solo tipo de feminicida y el feminicidio no necesariamente llega después de episodios previos detectables. Su equipo, con criminólogos, psicólogos y especialistas policiales, revisó informes policiales, judiciales y penitenciarios, datos de servicios sociales, y también entrevistas con agresores y entornos de víctimas. No es teoría de escritorio: es evidencia ensamblada con piezas duras.
El punto que desarma la narrativa popular está en los números. En su muestra, Santos explica que en un 21.6% de los feminicidios no se registró ningún comportamiento susceptible de ser denunciado, y en otro 11.7% no pudo determinarse con certeza, aunque la inclinación es que tampoco existía. En esos casos, la primera manifestación de violencia fue el asesinato. La pregunta no es retórica: ¿cómo lo detectas si no hubo señales previas?
Ese hallazgo no busca desacreditar lo que sí funciona. Los instrumentos policiales de valoración de riesgo y los sistemas de protección como VioGén han sido referencia internacional. El problema es otro: si la prevención descansa casi por completo en la lectura policial de patrones previos, hay un conjunto de casos que se queda fuera por definición, porque no deja huella antes del golpe final.
La investigación plantea que ahí aparece una tipología distinta: hombres “normalizados” hacia afuera que entran en crisis vital aguda, con inestabilidad emocional más marcada, a veces ligada a una ruptura reciente, y con desenlaces que pueden incluir el homicidio-suicidio. No es una invitación a estigmatizar la depresión ni a perseguir a cualquiera que pida ayuda médica. Es, al contrario, una advertencia fina: prevenir exige detectar sin criminalizar, y eso obliga a construir herramientas más precisas que el prejuicio.
En paralelo, hay otro bloque mayoritario que sí encaja con la fase final del agresor clásico. En ese universo aparecen rasgos repetidos: control obsesivo, amenazas, celos, episodios de violencia, dominación. El estudio “¿Matar o no matar? Esa es la pregunta” empuja la discusión un paso más allá: sugiere que los agresores letales y los no letales no deben tratarse automáticamente como el mismo grupo, porque sus motivaciones y trayectorias pueden diferir, aunque compartan rasgos superficiales.
La implicación de política pública es directa: no se puede meter todo en el mismo saco tipológico. La prevención tiene que volverse más individualizada y más interinstitucional. Si hay un grupo que no deja señales violentas previas, la respuesta no puede ser solamente más patrullas o más cuestionarios de riesgo: hace falta una red capaz de leer crisis emocionales, rupturas, aislamiento, consumo problemático, ideación suicida y detonantes inmediatos, con protocolos coordinados entre sanidad, servicios sociales, salud mental y justicia.
El caso no solo describe una falla; revela una tentación peligrosa: creer que una ausencia de denuncia prueba, automáticamente, una violencia escondida. A veces ocurre; a veces no. Si la prevención quiere reducir muertes, tiene que aceptar esa complejidad sin convertirla en excusa. Lo difícil no es decir “hay que prevenir”; lo difícil es diseñar prevención para realidades distintas sin perder humanidad ni precisión.
