Hay una fe cívica difícil de soltar: si el Estado “vigila más”, habrá menos corrupción. La auditoría, la inspección, el control interno y el sello oficial aparecen como el equivalente burocrático del sistema inmune: más pruebas, más anticuerpos, menos infección. El problema es que, en ciertas arquitecturas institucionales —especialmente donde la discrecionalidad es alta y la rendición de cuentas es baja— el control no neutraliza el soborno: lo produce. No por accidente, sino por diseño de incentivos.
La primera pista está en lo que la literatura llama street-level bureaucracy: la política real no ocurre en el texto de la ley, sino en la ventanilla, el inspectorado y la mesa de “observaciones”. Ahí, reglas generales se convierten en decisiones particulares: a quién se le pide un documento extra, a quién se le “encuentra” un incumplimiento menor, a quién se le concede plazo y a quién se le clausura. En ese nivel micro, los controles no son neutros: son puntos de contacto donde se decide el acceso a derechos, permisos o continuidad operativa.
La economía política lo formaliza con una idea brutal: cuando muchos funcionarios tienen poder de veto sobre un trámite (cada uno puede frenar el proceso), la corrupción se parece menos a un “desvío” y más a un impuesto privado sin coordinación. Shleifer y Vishny lo explican como un problema de estructura: múltiples agencias con poder sobre el mismo permiso incrementan el costo del soborno y distorsionan más que una tasa formal, porque cada “control” es también una oportunidad de extracción. En términos simples: no es que haya corrupción a pesar de la auditoría, sino que la auditoría se convierte en el mercado donde se vende la continuidad.
La evidencia empírica también golpea al sentido común del “soborno que agiliza”. Kaufmann y Wei, en uno de los trabajos más citados sobre el tema, encuentran que la lógica de “engrasar la rueda” falla: cuando los burócratas pueden influir en la carga regulatoria, el soborno incentiva más trámites y más tiempo perdido, no menos. La corrupción no reduce la burocracia: puede volverla una estrategia de extracción sostenida.
En América Latina, el fenómeno no siempre aparece como “escándalo”, sino como rutina estadística. En la Enterprise Survey del Banco Mundial para México (2010), por ejemplo, 48.5% de las empresas reportaron que se espera “regalo” para obtener un permiso de construcción; 21.4% reportaron expectativa de “regalo” en reuniones con inspectores fiscales; y la alta gerencia declaró dedicar 17.9% de su tiempo a lidiar con requisitos de regulación gubernamental. Estos números no describen solo “corrupción”: describen una forma de gobierno por fricción, donde el control crea condiciones para que el soborno funcione como seguro informal contra plazos, clausuras o multas.
Aquí aparece el mecanismo central: controles con sanción ambigua + cumplimiento difícil + discrecionalidad alta = soborno racional. Si la norma es tan vaga que casi cualquiera “incumple” algo; si el inspector puede elegir entre advertir, multar, clausurar o “dejar pasar”; y si la apelación es lenta o costosa, el control deja de ser un instrumento de integridad y se vuelve un dispositivo de negociación. No hace falta que la autoridad niegue un derecho: basta con hacerlo condicional a sobrevivir el desgaste. En esa gramática, la auditoría no combate la corrupción: le entrega inventario (requisitos), clientes (usuarios cautivos) y precio (sanción discrecional).
Esto no implica que la auditoría sea inútil. Implica que la auditoría funciona cuando reduce discrecionalidad, no cuando la multiplica. La diferencia entre control que previene y control que corrompe suele estar en detalles institucionales muy concretos: listas públicas y cerradas de verificación, sanciones predecibles, trazabilidad digital, asignación aleatoria de inspectores, separación entre asesoría y sanción, ventanillas únicas y rutas de apelación rápidas. Cuando el control se convierte en “ritual de verificación” que produce papeles pero no responsabilidad, termina sirviendo más a la simulación que a la limpieza.
La pregunta incómoda, entonces, no es si queremos “más vigilancia”, sino qué tipo de vigilancia. Porque en un Estado con baja capacidad y alta discrecionalidad, aumentar inspecciones sin rediseñar incentivos puede ser como abrir más cajas registradoras en un mercado clandestino: sube la actividad, pero no la legalidad.
Referencias
Kaufmann, D., & Wei, S.-J. (1999). Does “grease money” speed up the wheels of commerce? (NBER Working Paper No. 7093). National Bureau of Economic Research. doi:10.3386/w7093
Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.
Power, M. (1997). The audit society: Rituals of verification. Oxford University Press.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 599–617. doi:10.2307/2118402
World Bank. (2010). Enterprise Surveys: Mexico—2010 Country Profile. Enterprise Analysis Unit, The World Bank Group.
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