La intuición no es nueva. George Stigler formuló hace décadas una provocación que sigue incomodando: la regulación puede comportarse como un “producto” que ciertos grupos organizados demandan y obtienen con ventaja frente a mayorías difusas. El mecanismo no es necesariamente el soborno; es la asimetría de incentivos, información y coordinación. Quien tiene mucho que ganar con una regla suele invertir más en escribirla, interpretarla y hacerla cumplir a su favor. La captura, entonces, no se limita a “comprar” funcionarios: consiste en colonizar la arquitectura que define qué cuenta como evidencia, qué se considera “técnico” y qué se etiqueta como “ideológico”.
El primer territorio de esa captura elegante es la estandarización: el lugar donde lo político se disfraza de técnico. La Organización Internacional de Normalización (ISO), por ejemplo, no es un parlamento, pero sus normas suelen convertirse en requisitos de mercado, criterios de compras públicas, barreras de entrada y condiciones de acceso a cadenas de suministro. El tamaño del aparato es enorme: ISO reporta miles de cuerpos técnicos y grupos de trabajo operando como fábricas permanentes de “lo aceptable” (más de 4,000 instancias técnicas, incluyendo comités, subcomités y grupos de trabajo). Cuando esa maquinaria produce una norma, no solo describe el mundo: define el costo de pertenecer al mundo formal.
El detalle incómodo es quién participa. En una encuesta clásica sobre la elaboración de estándares ambientales en ISO, se encontró que el bloque con mayor presencia no era el público afectado, sino una constelación profesional—consultores, registradores y representantes de organismos nacionales de normalización—que en conjunto concentraban alrededor de 40% de los participantes. Esa cifra no prueba una conspiración; prueba algo más estructural: el “asiento” en la mesa suele requerir tiempo, recursos, idioma técnico y redes institucionales. En otras palabras, el estándar aparece como neutral, pero su proceso de fabricación premia a quienes viven de interpretarlo y vender su cumplimiento.
El segundo territorio es la consultoría como coautoría del Estado. La captura sin sobornos prospera cuando la política pública se terceriza: diagnósticos, evaluaciones, “evidencia” y, en ocasiones, la redacción misma de opciones regulatorias. En un estudio del Parlamento Europeo sobre el uso de consultores por parte de la Comisión Europea, el dato duro no es moral sino material: el gasto anual en consultoría vinculada a la elaboración de políticas y legislación creció de aproximadamente 520 millones de euros en 2014 a cerca de 968 millones en 2020 (un salto de ~86%), antes de caer ligeramente en 2021. En paralelo, el propio estudio documenta un mercado grande y concentrable: miles de empresas contratistas, y una porción relevante del volumen capturada por un subconjunto pequeño de firmas. No hace falta que la consultoría “compre” decisiones: basta con que defina qué problemas son medibles, qué alternativas son “realistas” y qué costos se consideran “tolerables”.
Aquí aparece el corazón del truco: cuando la legitimidad depende de “evidencia”, quien controla la producción de evidencia controla el menú de lo posible. Y como la evidencia no cae del cielo—se financia, se diseña, se operacionaliza—la disputa por la política pública se muda a los anexos metodológicos. La captura elegante es, muchas veces, la capacidad de convertir un interés en indicador, un indicador en evaluación y una evaluación en ley “inevitable”.
El tercer territorio es la puerta giratoria, que opera como infraestructura de confianza. La captura sin sobornos no necesita pagos clandestinos si puede ofrecer carreras. Un estudio sobre nombramientos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos mostró una dinámica que vuelve tangible esa economía de trayectorias: entre 2004 y 2020, 15% de los designados venían inmediatamente de la industria, y al finalizar su encargo 32% salió hacia la industria. El dato no demuestra que cada decisión fue sesgada; demuestra que existe un sistema de incentivos donde la experiencia regulatoria se convierte en activo privado. El regulador aprende el lenguaje, los tiempos, los resquicios y la cultura institucional; después, ese conocimiento se vuelve vendible. La captura, aquí, funciona menos como soborno y más como mercado laboral.
Si juntamos las piezas, el “mapa oculto” se vuelve legible. La captura elegante no se anuncia como captura: se anuncia como profesionalización. Se disfraza de gobernanza moderna, de comités “independientes”, de mejores prácticas, de estándares internacionales, de evaluación basada en evidencia, de expertos que “no hacen política”. Y sin embargo produce efectos políticos nítidos: eleva costos de entrada para competidores pequeños, convierte el cumplimiento en una industria, desplaza el debate desde el congreso hacia mesas técnicas, y reduce la democracia a un trámite tardío donde ya casi todo está decidido por diseño.
El punto no es demonizar expertos. Sin expertise, el Estado improvisa; sin técnica, la política pública se vuelve retórica. El punto es otro: cuando el expertise se organiza como monopolio reputacional, y cuando el acceso a la mesa depende de recursos privados, la técnica deja de ser herramienta y se vuelve barrera. La captura elegante opera como desigualdad institucional: no necesita prohibir tu voz; le basta con hacerla irrelevante porque llega tarde, sin datos “válidos”, sin certificaciones, sin capacidad de sostener presencia en comités, consultas y procesos interminables.
Por eso es tan eficaz: no produce el tipo de evidencia que indigna. Produce un orden estable, perfectamente legal, difícil de imputar y muy rentable para quienes dominan sus claves. La corrupción clásica deja rastros; la captura elegante deja formatos.
La salida, si se quiere una crítica constructiva, no está en “más vigilancia” genérica, sino en rediseñar incentivos y accesos. Transparencia granular de comités (quién participa, a nombre de quién, con qué financiamiento), reglas estrictas y verificables de conflicto de interés, rotación y diversidad real de representación, presupuestos para participación de actores sin músculo corporativo (consumidores, trabajadores, pequeñas empresas, academia independiente), publicación de borradores y trazabilidad de cambios, y periodos de enfriamiento robustos en puertas giratorias. La pregunta democrática no es si la técnica debe mandar; es quién manda a través de la técnica.
Referencias
European Parliament, Policy Department for Budgetary Affairs. (2022). The European Commission’s use of consultants in preparing legislation (PE 739.498). European Parliament.
International Organization for Standardization. (2025). ISO in figures 2024. ISO.
Kanter, G. P., & Carpenter, D. (2023). The revolving door in health care regulation. Health Affairs, 42(9). https://doi.org/10.1377/hlthaff.2023.00418
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). Preventing policy capture: Integrity in public decision making. OECD Publishing.
Pacific Institute. (2004). Who develops ISO standards? A survey of participation in ISO’s international standards development processes. Pacific Institute.
Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.
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