Desde el discurso oficial que presume “baja del delito” hasta la narrativa institucional de “mejoramos la seguridad”, suele asumirse que la impunidad es, simplemente, que nadie paga por lo que hace. La investigación muestra un mecanismo más silencioso: existe una impunidad estadística, una forma de fabricar éxito sin resolver nada, manipulando —o aprovechando— cómo se mide el delito y cómo se evalúa el desempeño. No hace falta desaparecer la violencia: basta con que no aparezca en el registro correcto, en la categoría correcta o en el sistema correcto.
La primera puerta de esta impunidad es el subregistro: el delito que ocurre pero no entra al Estado. En criminología, esa brecha se conoce como “cifra negra” o dark figure: delitos no denunciados y/o no capturados por el registro administrativo. En América Latina y el Caribe, la magnitud es estructural. Un estudio comparativo de Jaitman y Anauati, basado en la comparación sistemática entre encuestas de victimización y registros oficiales (2004–2014), estima que el dark figure del total de delitos en la región ronda el 83%; en otras palabras, la mayor parte del delito no termina en el registro policial como “caso” (promedio LAC 83.10%). El dato se vuelve todavía más brutal en violencia de género: las autoras reportan que el dark figure de delitos violentos de género está entre 92% y 95%, lo que implica que “alrededor de 5 de cada 100” aparecen en registros administrativos. Aquí la impunidad estadística no es un fraude explícito: es un sistema que convierte el silencio, el miedo y la desconfianza en “baja incidencia”.
La segunda puerta es la denuncia como variable política. Cuando una institución presume reducción del delito con base en “carpetas” o “reportes”, en realidad está midiendo una mezcla de criminalidad real y propensión a denunciar. Este problema no es exclusivo de LATAM: el contraste entre encuestas y registros en países con alta capacidad estadística muestra el mismo dilema. En Estados Unidos, por ejemplo, el Bureau of Justice Statistics reportó que en 2023 solo 30% de los delitos patrimoniales se reportaron a la policía (bajó desde 32% en 2022), y en robo (robbery) el porcentaje reportado cayó de 64% (2022) a 42% (2023). Si la denuncia se desploma por hartazgo o falta de confianza, el registro “mejora” aunque la realidad no lo haga.
La tercera puerta es la reclasificación: mover casos hacia categorías menos costosas para el indicador. Aquí entra Goodhart/Campbell en versión criminológica: cuando una cifra se vuelve objetivo (“bajen X% los robos”, “mejoren la tasa”), el sistema aprende a optimizar el número, no necesariamente el fenómeno. La medición se convierte en poder porque decide qué se premia y qué se castiga. Y ese incentivo puede impulsar prácticas como degradar tipificaciones, “cerrar” expedientes por causales administrativas, o priorizar delitos medibles sobre delitos difíciles. La literatura reciente sobre manipulación de datos policiales lo aborda directamente bajo el lenguaje de “juking the stats” (maquillar estadísticas) como respuesta racional a presión por resultados.
La impunidad estadística, entonces, no es solo “no castigar”: es un ecosistema donde el Estado puede presentarse como eficaz por tres vías simultáneas: (1) lo que no se denuncia no existe, (2) lo que no se registra como delito grave no cuenta, y (3) lo que no cabe en el indicador no importa. El impacto social es profundo porque altera la comprensión pública de seguridad y justicia: la gente percibe inseguridad y, al mismo tiempo, escucha triunfos numéricos; el resultado es cinismo, desconfianza y una conversación pública rota donde el dato deja de ser evidencia y se vuelve arma retórica.
Por eso, una política seria de seguridad y justicia no puede depender de un solo tablero. Requiere triangulación: registros administrativos + encuestas de victimización + indicadores de proceso (tiempos de respuesta, tasa de esclarecimiento, trato a víctimas) y auditorías de clasificación. De lo contrario, la estadística no solo contará el delito: decidirá qué delito “existe” y cuál queda condenado a la invisibilidad. Y esa es la forma más barata de impunidad: la que cabe en una gráfica.
Referencias
Gibilisco, M., & Horz, C. M. (2025). Juking the stats: Policing, misreporting, and policy evaluation (Working paper).
Jaitman, L., & Anauati, V. (2019). The dark figure of crime in Latin America and the Caribbean. Journal of Economics, Race, and Policy.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). A broken social elevator? How to promote social mobility (Main findings). OECD.
U.S. Bureau of Justice Statistics. (2024). Criminal Victimization, 2023 (NCVS). U.S. Department of Justice.
(Principio general) Manheim, D., Garrabrant, S., & Shulman, C. (2023). Building less-flawed metrics: Understanding and creating better measures. PMCID (versión en PMC).
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