Suele asumirse que una norma ambigua es una norma mal hecha. La investigación jurídica sugiere algo más incómodo: muchas veces la vaguedad no es un error, sino una tecnología de poder. Cuando la ley se redacta con estándares elásticos (“conducta indebida”, “alterar el orden”, “molestias”, “riesgo”, “sospechoso”), no solo deja margen de interpretación: crea el espacio perfecto para que el Estado aplique el “a unos sí, a otros no” sin confesarlo.
En teoría del derecho, esta intuición no es nueva. El realismo jurídico insistió en que la ley “en los libros” no es la ley “en acción”: las reglas generales se vuelven realidad en manos de jueces, policías, inspectores, fiscales y burócratas que deciden caso por caso bajo presión institucional. La ambigüedad, entonces, no es un detalle de estilo; es una delegación silenciosa: transfiere poder normativo desde el legislador hacia quien implementa. En el Estado administrativo moderno, ese traslado es aún más fuerte, porque la regulación cotidiana depende de funcionarios que deben aplicar estándares necesariamente imprecisos. Patrick Daly lo dice sin rodeos: donde la legislación es vaga, la discrecionalidad en la primera línea es inevitable y difícilmente revisable por tribunales, precisamente porque el estándar permite varias decisiones “razonables”.
El segundo punto —el verdaderamente político— es que esa discrecionalidad rara vez se distribuye de forma neutral. En criminología y derecho constitucional, la vaguedad se discute hace décadas por un motivo: habilita la aplicación selectiva. Las doctrinas contra la vaguedad (void-for-vagueness) se justifican, entre otras razones, porque una norma imprecisa permite castigar sin aviso claro y, sobre todo, escoger objetivos: perseguir a ciertos grupos o conductas según clima político, sesgos institucionales o prioridades coyunturales. Trabajos doctrinales sobre la doctrina de vaguedad enfatizan justamente el riesgo de selective enforcement como una preocupación central.
Aquí aparece lo poco conocido: la gente suele atacar “malas leyes” como si el problema fuera técnico (“redactaron mal”). Pero la ambigüedad puede ser funcional. Z. Price ha argumentado que, en contextos administrativos y de persecución, los estándares abiertos y delegaciones amplias generan un escenario donde la autoridad ejecutiva “hace política” mediante la aplicación: decide qué perseguir, qué tolerar y qué priorizar, aun sin cambiar la letra de la ley. La norma queda como fachada; la decisión real ocurre en la selectividad cotidiana.
Por eso la ambigüedad es un arma “limpia”: permite gobernar por señales y excepciones. La ley no necesita decir “vamos contra X”; le basta con un estándar lo suficientemente elástico para que el enforcement pueda concentrarse en X sin admitirlo. Y cuando hay presión pública, el sistema tiene una coartada perfecta: “solo aplicamos la ley”. En estudios sociojurídicos sobre implementación, la ambigüedad aparece como condición estructural para que las agencias reconstituyan el sentido de la norma en terreno, según capacidad, cultura organizacional y conflictos locales.
El efecto social es predecible: se amplía el espacio de arbitrariedad, sube el valor de la “conexión” (quién puede negociar, quién puede ser perdonado), y se profundiza la desigualdad ante la ley. La ambigüedad vuelve más decisivo el capital burocrático y reputacional: saber cómo hablarle al sistema, cómo documentar, cómo evitar caer en la categoría elástica que habilita sanción.
La discusión madura no es “prohibamos toda vaguedad” (hay estándares que necesariamente son abiertos), sino dónde aceptarla y cómo controlarla. Si una norma vaga entrega poder, entonces debe venir acompañada de contrapesos: criterios públicos de aplicación, guías obligatorias, registro de decisiones, auditorías de sesgos, transparencia de prioridades de persecución y vías reales de impugnación. Si no, la vaguedad seguirá haciendo lo que mejor hace: transformar la ley en un arma que no parece arma.
Referencias
Daly, P. (2020). The inevitability of discretion and judgement in front-line decision-making in the administrative state. Journal of Commonwealth Law.
Forde-Mazrui, K. (2007). Ruling out the rule of law. Vanderbilt Law Review.
Price, Z. S. (2014). Enforcement discretion and executive duty. Vanderbilt Law Review.
Price, Z. S. (2016). Law enforcement as political question. (Working paper / faculty scholarship).
Sun, T. W. (2009). The substantive foundations of the vagueness doctrine. Harvard Civil Rights–Civil Liberties Law Review.
(Complementaria) Livingston, D. A. (1997). Police discretion and the quality of life in public places. Columbia Law School Faculty Scholarship.
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