Solemos tratar la reputación como “imagen”: un barniz que se pule con discursos, entrevistas y control de daños. En política, esa idea es cómoda porque reduce el poder a comunicación. Pero en las cúpulas la reputación funciona menos como maquillaje y más como activo transable: se intercambia por respaldo, se usa como garantía de acceso y se convierte en una forma de protección. No es “me caes bien”. Es un sistema de crédito.
La lógica es conocida en economía: cuando la calidad real es difícil de observar, los actores se guían por señales. Spence lo formuló para el mercado laboral; el punto aplica igual en política: el problema no es la falta de información, sino su costo. En entornos opacos, la reputación se vuelve un atajo para decidir con quién aliarse, a quién abrirle una puerta y a quién cerrársela sin explicaciones. Esa reputación no se produce solo con propaganda; se produce con actos observables para audiencias clave: disciplina interna, capacidad de castigar, capacidad de cumplir, capacidad de proteger.
La sociología del estatus lo aterriza con más dureza: cuando hay incertidumbre, las élites leen relaciones y afiliaciones como “pruebas” de calidad o de confiabilidad. Podolny muestra que el estatus opera como señal en mercados; en política opera como señal en redes. No se pregunta únicamente “¿qué propone?” sino “¿quién lo respalda?”, “¿quién lo defiende en crisis?”, “¿quién lo recibe?” En una cúpula, la reputación es la forma elegante de decir “pertenencia”.
Esto se puede medir cuando la reputación se rompe. Un caso clásico, con diseño causal, es Brasil: la divulgación pública de auditorías aleatorias sobre corrupción municipal afectó resultados electorales. Ferraz y Finan estiman que la política de auditorías redujo la probabilidad de reelección de alcaldes en el orden de 20%, y que el efecto fue más fuerte donde había radio local, es decir, donde la información circuló mejor. La reputación, en ese esquema, no es narrativa; es castigo observable. Y cuando el castigo es creíble, cambia conductas y alianzas.
El reverso es igual de político: la reputación también produce autonomía. En administración pública, la “teoría de reputación burocrática” sostiene que agencias e instituciones gestionan reputación frente a audiencias distintas para ganar margen de maniobra, autoridad y discreción. No necesitan “comprar” una decisión; necesitan consolidar la creencia de que son competentes, imprescindibles o peligrosas de enfrentar. Cuando esa reputación está instalada, el costo de confrontarlas sube.
Lo interesante —y poco tratado en medios— es que esto no se reduce a “PR”. Ya existe instrumentación empírica para medir reputación institucional con audiencias reales. Overman y colegas construyen y validan un barómetro multidimensional con dos encuestas a 2,100 stakeholders de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, y encuentran que el contacto directo con la institución es clave para que los públicos distingan dimensiones reputacionales (técnica, moral, procedimental, etc.). En otras palabras: reputación no es solo percepción difusa; puede mapearse como estructura de creencias en grupos estratégicos.
¿Dónde entra lo transable? En la moneda cotidiana de las cúpulas: el respaldo público (te doy legitimidad), el silencio (no te expongo), la protección (te cubro), el acceso (te siento en la mesa), la validación (te presento con quien decide). El capital reputacional funciona como un “colateral”: si lo tienes, obtienes crédito; si lo pierdes, te encarecen la vida. Y no todos pueden acumularlo igual: quienes nacen con redes, apellido, trayectorias institucionales o prestigio educativo cargan ventaja inicial; quienes llegan sin esos respaldos pagan más por cada señal de confiabilidad.
El efecto social es corrosivo porque desplaza la idea de igualdad política. Si la reputación es infraestructura de poder, entonces la competencia pública no ocurre solo con programas y votos; ocurre con asimetrías de acceso a escenarios donde la reputación se fabrica y se certifica. Lo que se llama “confianza” muchas veces es gobernanza informal: un sistema de permisos, favores, vetos y blindajes sostenido por reputación, no por normas. Por eso es tan difícil de denunciar: no siempre hay delito, pero sí hay estructura.
La conclusión no es moralista; es institucional. Si queremos reducir el peso de la reputación como moneda oscura, hay que iluminar los mercados donde se negocia: criterios de nombramiento, reglas de conflicto de interés, trazabilidad de reuniones, trazabilidad de decisiones, mecanismos de rendición de cuentas y, sobre todo, canales para que la ciudadanía pueda evaluar desempeño sin depender de certificaciones de élite. Mientras eso no exista, la reputación seguirá siendo lo que hoy es en las cúpulas: un activo que se compra con lealtades y se cobra en poder.
Referencias (APA 7)
Ferraz, C., & Finan, F. (2008). Exposing corrupt politicians: The effects of Brazil’s publicly released audits on electoral outcomes. The Quarterly Journal of Economics, 123(2), 703–745.
Overman, S., Busuioc, M., & Wood, M. (2020). A multidimensional reputation barometer for public agencies. Public Administration Review.
Podolny, J. M. (2005). Status signals: A sociological study of market competition. Princeton University Press.
Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.
Willems, J., & colegas. (2025). Bureaucratic reputation theory: Micro-level theoretical propositions and implications. Public Policy & Management.
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