En la conversación pública se discuten noticias como si fueran un espejo del mundo: lo importante “sale”, lo secundario “no sale”, y el resto es cuestión de gustos editoriales. Pero la investigación en comunicación lleva décadas sosteniendo una tesis menos cómoda: la agenda pública no solo se informa, se fabrica, y una de sus palancas más determinantes es la propiedad de los medios. Quien controla la infraestructura de difusión —canales, cadenas, portales, radios, agencias, redes de distribución y publicidad— controla también el espacio de lo decible, lo repetible y lo “verosímil”.
La lógica de agenda-setting (McCombs & Shaw) explica por qué esto importa: los medios no necesitan ordenar al público “qué pensar” para moldear percepciones; basta con influir en sobre qué pensar. La saliencia se fabrica por frecuencia, posición, tiempo en pantalla, tono y continuidad. Ese mecanismo se vuelve más sensible cuando el ecosistema está concentrado: si pocos actores deciden qué entra al circuito, la saliencia se sincroniza y la diversidad real de agenda se estrecha aunque parezca pluralidad de voces.
La economía política de la comunicación añade la estructura material de esa selección. Herman y Chomsky plantearon que el funcionamiento de los medios en sistemas de mercado está atravesado por filtros sistemáticos: propiedad, publicidad, abastecimiento de fuentes, disciplinamiento por críticas y la producción de enemigos/amenazas como marco. No es una teoría de “malos periodistas”; es una teoría de incentivos. Cuando la supervivencia del medio depende de anunciantes, acceso a fuentes oficiales, alianzas corporativas o estabilidad regulatoria, ciertos conflictos se vuelven costosos de cubrir y otros se vuelven rentables de amplificar. Así nacen los silencios que no parecen censura porque se presentan como “criterio editorial”.
La pregunta “¿quién es dueño y qué intereses cruzan?” no se responde solo con nombres y accionistas. Se responde identificando redes de intereses: conglomerados con inversiones en otros sectores, grupos con contratos públicos, dueños con litigios regulatorios, alianzas con partidos, bancos o plataformas tecnológicas, dependencias de pauta gubernamental o de publicidad concentrada. En ese mapa, la línea editorial no siempre opera como consigna; opera como autocensura racional: evitar temas que dañan al propio ecosistema de financiamiento, y priorizar aquellos que refuerzan su legitimidad, su acceso o su rentabilidad.
Esto conecta con el segundo eje: “¿qué temas desaparecen sistemáticamente?”. Los temas que tienden a diluirse no son necesariamente los menos graves, sino los más incompatibles con los intereses estructurales del medio. Suelen caer en tres categorías. Primero, conflictos que exponen a grandes anunciantes o sectores estratégicos; se cubren como anécdota y se evita la serie. Segundo, investigaciones que requieren confrontar fuentes de poder de las que el medio depende para información, entrevistas, filtraciones y primicias; se prefiere un “equilibrio” narrativo que no rompa relaciones. Tercero, discusiones que cuestionan el modelo económico del propio ecosistema mediático: concentración, regulación de plataformas, transparencia publicitaria, conflictos de interés, financiamiento indirecto.
En términos prácticos, esto produce un fenómeno clave: la ausencia repetida se vuelve normalidad. Si un tema no logra continuidad, el público no lo incorpora como problema central; se vuelve “incidente” y no “estructura”. Si una historia aparece sin contexto, sin seguimiento y sin conexión con responsables, se vuelve indignación breve, no agenda. En esa dinámica, la concentración no necesita prohibir nada: solo necesita administrar el oxígeno informativo. La censura moderna suele ser gestión de visibilidad, no prohibición.
Por eso la propiedad de medios no es un debate de transparencia empresarial, sino de salud democrática. Una esfera pública requiere diversidad de agendas, y esa diversidad depende de contrapesos reales: pluralidad de propietarios, modelos de financiamiento menos dependientes de pocos anunciantes, reglas claras de publicidad oficial, estándares robustos de conflicto de interés, y prácticas editoriales que expliciten cuándo se cubre un tema pese a costos, no solo cuando es rentable. Sin esa infraestructura, la agenda pública se vuelve predecible: mucha luz en lo que conviene, penumbra en lo que incomoda, y silencios que se venden como neutralidad.
Referencias
Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
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