El 1 de junio de 2025, México se convirtió en el primer país del mundo en elegir por voto popular a la totalidad de su Poder Judicial federal, un experimento sin precedentes que puso en las urnas 881 cargos: nueve ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. A más de un año de distancia, el balance sigue siendo motivo de disputa entre quienes defienden la reforma como un ejercicio de democratización y quienes advierten riesgos estructurales para la independencia judicial.
El dato que más ha marcado el debate es el de la participación: apenas entre 12.5% y 13.3% de la lista nominal —unos 13 millones de personas de un universo de casi 100 millones— acudió a votar, uno de los niveles más bajos registrados en un proceso electoral en la región, según la Misión de Observación Electoral de la OEA. La misión también documentó un alto porcentaje de votos nulos y señaló que el proceso se desarrolló en un plazo breve y en un contexto de fuerte polarización.
La reforma, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, redujo el número de integrantes de la Suprema Corte de 11 a nueve y sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos: uno administrativo y otro disciplinario. La presidencia de la nueva Corte quedó en manos de Hugo Aguilar, quien obtuvo más de seis millones de votos. El proceso posterior a la elección estuvo marcado por denuncias de irregularidades —boletas "planchadas", uso de "acordeones" con recomendaciones de voto— que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminó por validar en agosto de 2025, aunque reconociendo que no se trató de comicios plenamente competitivos.
Especialistas como Javier Martín Reyes, de la UNAM, han calificado la elección como un experimento sin precedentes a nivel mundial, ya que ni Bolivia ni Estados Unidos —los otros países con algún mecanismo de voto judicial— eligen la totalidad de sus cargos federales por esta vía. El propio proceso contempla que la otra mitad de las posiciones judiciales del país se renueve en 2027, lo que implica que el debate sobre el futuro de la justicia mexicana está lejos de cerrarse: la pregunta de fondo —si la elección popular vuelve más independiente o más politizada a la justicia— seguirá bajo escrutinio en los próximos años, conforme los nuevos jueces y magistrados, muchos sin experiencia previa en el cargo, comiencen a resolver casos.
Fuentes: CNN en Español, Organización de los Estados Americanos (OEA), TRT Español, IMER Noticias, Fundación Manuel Giménez Abad, Wikipedia (elecciones judiciales México 2025), Instituto Nacional Electoral.
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