La elección del nuevo titular de la Fiscalía General de Michoacán abrió un nuevo frente de cuestionamientos alrededor de Marco Polo Aguirre, quien desde el Congreso participó en uno de los procesos de designación más relevantes para el sistema de justicia estatal. La polémica comenzó cuando se determinó que las entrevistas a los aspirantes se realizarían de manera virtual, una decisión que provocó críticas y versiones sobre un supuesto intento por facilitar o proteger la participación de determinados perfiles.
El proceso involucraba a 16 aspirantes que buscaban encabezar durante nueve años una institución responsable de la investigación y persecución de los delitos en Michoacán. Frente a los cuestionamientos, Marco Polo salió públicamente a negar que las entrevistas virtuales estuvieran diseñadas para favorecer a algún participante y aseguró que la modalidad había sido avalada por la Comisión de Justicia. Incluso reconoció que, personalmente, habría preferido que las comparecencias fueran presenciales.
Las explicaciones, sin embargo, no evitaron que su nombre quedara involucrado en la controversia. Las críticas crecieron alrededor de un procedimiento en el que no solamente estaba en juego un cargo público, sino la conducción de la Fiscalía durante los siguientes nueve años. A ello se sumaron cuestionamientos relacionados con ausencias y condiciones para mantener el quórum durante los trabajos legislativos vinculados con el proceso.
Para Marco Polo, el episodio se agregó a una trayectoria legislativa en la que su nombre ya había aparecido alrededor de otras designaciones institucionales controvertidas. Esta vez, la discusión se concentró en por qué un proceso de semejante relevancia necesitaba recurrir a entrevistas virtuales y si esa decisión colocaba a todos los aspirantes bajo las mismas condiciones.
Aunque Aguirre negó cualquier intención de proteger intereses particulares, la controversia volvió a colocarlo bajo cuestionamientos en medio de una designación clave para Michoacán. La pregunta que quedó flotando alrededor del proceso fue inevitable: si no existía ningún interés particular detrás de las entrevistas virtuales, ¿por qué una decisión aparentemente administrativa terminó provocando tantas sospechas alrededor de la elección del nuevo fiscal?
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