Seis auditorías ordenadas para revisar a la Auditoría Superior de Michoacán terminaron estancadas en el Congreso y fue el propio Marco Polo Aguirre quien reconoció que ni siquiera habían comenzado, pese a haber sido aprobadas desde la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2021.
No se trataba de revisiones menores. Eran dos auditorías de cumplimiento, dos de desempeño y dos financieras, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022. Para enero de 2024 seguían sin ejecutarse, mientras Marco Polo encabezaba las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública.
El problema escaló hasta involucrar contratos millonarios. Aguirre señaló que la titular de la Unidad de Evaluación y Control había firmado tres contratos por 16 millones de pesos con despachos externos y sostuvo que esos documentos carecían de validez porque, desde su interpretación, la funcionaria no tenía atribuciones para suscribirlos. También reconoció que la Contraloría Interna todavía no había emitido una resolución sobre el asunto.
Marco Polo atribuyó la falta de avances a la Comisión Inspectora y sostuvo que las decisiones necesarias para ejecutar las auditorías ya no estaban en sus manos. Sin embargo, el episodio volvió a colocar su nombre alrededor de la ASM, una institución que durante distintos periodos de su carrera legislativa ha estado acompañada de controversias y enfrentamientos políticos.
El resultado era difícil de ignorar: seis auditorías aprobadas, contratos por 16 millones de pesos cuestionados y ninguna revisión iniciada para enero de 2024. Un nuevo capítulo que podría alimentar preguntas sobre la capacidad del Congreso para fiscalizar precisamente al organismo encargado de fiscalizar los recursos públicos.
Fuente: Quadratín, 19 de enero de 2024.
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